MANIFIESTO POR EL
DÍA DEL ABOGADO
Los
que suscriben, miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, hacen
conocer a la colectividad su posición cívica y jurídica frente a la crisis de
gobernabilidad, corrupción política, inseguridad ciudadana, así como, del
peligro que todo ello conlleva contra el sistema democrático y estado de
derecho.
PRIMERO:
Como hombres y mujeres de leyes, expresamos nuestra indignación contra la
mayoría congresal en su afán autoritario por defenestrar a tres miembros del
Tribunal Constitucional y al Fiscal de la Nación. Nos anima de nuevo, la
antigua necesidad de reforzar aún más al guardián de la Constitución (TC). Se
trata de garantizar el sistema de libertades, de separación de poderes, de
autonomía funcional, de asegurar que la Constitución se cumpla y no pierda el
carácter de Ley Suprema, pues, hemos aceptado como un dato previo e
indiscutible, la legitimidad del sistema democrático y los valores subyacentes
a un constitucionalismo moderno y normativo. De lo que se trata no es tanto de
procurar la defensa ideológica de la idea liberal de constitución, sino, de
lograr su plena realización, efectiva y concreta.
SEGUNDO:
El pueblo mayoritariamente está indignado por la corrupción e inseguridad,
puesto que, sus efectos atacan la propia democracia y el estado de derecho y,
lo que es más, es un papel pernicioso contra la estructura económico-social y
la violación de los derechos humanos. Vemos que las corrupciones son generadas
en torno a las obras públicas, por lo cual, demandamos un mayor fortalecimiento
y autonomía de la Contraloría General, así como, un incremento del abordaje
jurídico-penal a los actos encaminados al hecho delictivo; esto es, una mayor
cobertura penalizadora: penas e inhabilitaciones perpetuas, supresión de
cárceles doradas (tipo Barbadillo con celular incluido). Por ello, corresponde
al Tribunal Constitucional declarar inválida por inconstitucional la ley promulgada
exonerando al Congreso del control de la Contraloría. Tamaña e inaudita aporía
deslegitima aún más la desprestigiada representación congresal cruzada por la
corrupción de Odebrecht.
TERCERO:
Para los juristas, luchar contra la corrupción es luchar por preservar el
propio y mismo sistema democrático de derecho. Desde fines del s. XX se
advierte que la teoría de la democracia enfrenta aporías y tensiones muy
fuertes, las cuales necesitan ser corregidas y potenciadas con cara a las
nuevas corrientes constitucionales y de globalización del derecho (donde se
advierte ya una progresiva pérdida de soberanías de los estados), así como,
para refundar la representación política hoy inocua, dando paso, entre otras, a
nuevas y directas fórmulas de participación política del pueblo.
CUARTO:
En efecto, la democracia liberal-representativa atraviesa por una severa crisis
de legitimidad. Existe un déficit democrático y distorsiones que contribuyen a
un desprestigio generalizado de este sistema. La población mestiza percibe una
tendencia elitista (de puro cuño tecnocrático) que se traduce en que las
decisiones de gran impacto en la vida cotidiana de las personas son tomadas en
lugares alejados del ciudadano medio (como decir en San Isidro) que las
experimenta como imposiciones (¡oh curiosidad!, según las encuestas sólo el 18%
de los peruanos conoce al actual presidente Martín Vizcarra).
QUINTO:
En pleno s. XXI (“modernidad líquida”), la vieja democracia liberal, si quiere
sobrevivir, tiene que ser revisada a tajo abierto, pues, la mayoría de peruanos
no lo quiere, no lo sienten suya, menos que los represente; por tanto, es de
mal gusto pedirles que lo defienda. Desde hace más de 50 años los migrantes
andinos han tenido al estado liberal como su enemigo (los encarcelaban por
invadir cerros y arenales). No obstante ello, se fajaron solos, sin ayuda
estatal alguna hasta convertirse en emergentes e informales. Por ello, ahora
exigen ser tratados y reconocidos como verdaderos ciudadanos (antes que como
consumidores puros) para participar y reclamar, elegir y ser elegidos, revocar
a los malos gobernantes, etc.
SEXTO:
Por ahora, la mayoría detesta la política; toman las elecciones como una
formalidad para el DNI. De allí que nuestros gobernantes (presidente,
congresistas, alcaldes y gobernadores) resulten elegidos apenas por una
minoría. En términos reales de legitimidad jurídico-política no es nada. De
este gran vacío participativo se aprovechan los malos políticos cuyo único
objetivo es robar y enriquecerse a costa de los bienes y recursos del estado.
Entonces, hay que adecentar la política, haciendo un punto de quiebre.
SÉTIMO:
El ciudadano común percibe la “corrupción” ligada a las autoridades políticas.
Lo que no funciona es el “sistema político”, donde el “sistema estatal” es el
encargado de reproducir y promover la corrupción tornándola como
OCTAVO:
Necesitamos una democracia más real, más humana, más participativa, pues, para
la mayoría del pueblo (cobrizo), la democracia resulta ser sólo una entelequia
abstracta, irreal, escurridiza cuando se trata de brindar bienestar social y
defender derechos humanos. Por ello, coincidimos con casi todos los sectores
sociales en la necesidad de postular una Asamblea Constituyente, una nueva
Constitución (acorde con el neo-constitucionalismo y la globalización),
prohibición de reelección de gobernantes (presidentes, congresistas,
presidentes regionales, alcaldes), nueva elección de jueces y fiscales
supremos, Consejo de Magistratura, Contralor de la República, Defensor del
Pueblo, Tribunal Constitucional, del Banco Central de Reserva, etc. Así y de
este modo, despolitizaremos y democratizaremos la elección de estas autoridades
dándoles la autonomía que les corresponde por el principio de división de
poderes.
NOVENO:
Al PJ y MP les corresponde actuar con pulcritud y justicia, frente a la
corrupción sistémica, empezando por lo de ODEBRECHT. La Corte Suprema deberá
sacudirse de sus políticos que tiene para no repetir jurisprudencias
escandalosas como la de "petroaudios" y otros. Asimismo, expida
Acuerdo Plenario tomando posición correcta sobre la llamada "prueba
prohibida" que solo sirve para la impunidad de los corruptos,
confundiendo, adrede, el derecho a la privacidad e intimidad personal, cuando,
no es así, puesto que prevalece la "ponderación y pesos"
interpretativos entre derechos y principios constitucionales que entran en
conflicto...
Chiclayo,
02 de abril del 2018
Firman:
Dr. José María Balcázar Zelada, Dr. César Cabanillas Prado, Dr. Humberto
Sánchez Ramírez, Dra. Vilma Tapia Barrantes, Dr. E. Salazar Medina, Dr. Elbert
Lingán Vásquez, Dra. Maribel Llamosa, Dr. Larios Bernal, Dr. Luis Falla
Sayaverdi, Dr. Sánchez Millones, Dr. Ramón Sanchez Flores, Dra. Julissa Larios
Savedra, Dr. Renzo Paul Taboada Diaz, Dr. Odar Cornejo Custodio, Dr. Enrique
Elias Jimenez, Dra. Ani Milagros Sanchez Campos. (siguen firmas).
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